ANTONIO SANTOS
ETA ha anunciado su renuncia a las armas con más de 660 activistas encarcelados con condenas firmes o en prisión preventiva. Los presos se han considerado siempre una de las cuestiones a abordar en una hipotética negociación entre el Gobierno y la banda terrorista. Desde las instituciones se ha reiterado históricamente el mensaje de que la democracia sería benévola con quien abandone la violencia. Para el dirigente de Batasuna Pernando Barrena resulta impensable que, con un proceso de paz en marcha, haya reclusos de ETA más allá de 2010 o 2020. Frente a estos mensajes, la opinión pública ha evolucionado hasta el punto de mostrarse más comprensiva con las concesiones políticas que con los beneficios penitenciarios para los terroristas.
Los presos de ETA se reparten entre centros penitenciarios de España (más de 500), Francia (150), México (5) y Gran Bretaña (1). Las cifras exactas bailan en función de la fuente. Al margen de excarcelaciones, nuevas detenciones o extradiciones, los datos que manejan en el Ministerio del Interior y en asociaciones de familiares como Etxerat no suelen coincidir. Mientras en Instituciones Penitenciarias los últimos registros hechos públicos, a mediados de 2005, contabilizan 544 presos de ETA encarcelados en centros de la península, en Etxerat se reduce la cantidad a 507. Algo parecido ocurre con los internos en las prisiones vascas de Nanclares, Basauri y Martutene: el Gobierno habla de 24 reclusos etarras, el doble de la contabilidad que lleva la asociación de familiares. Teniendo en cuenta uno u otro registro, la población etarra recluida en Euskadi no supera en ninguno de los dos casos el 5% del total.
Todos coinciden en que Madrid y Andalucía, así como el distrito central de París alojan en sus centros penitenciarios el mayor número de reclusos de la banda. En los tres casos se supera de forma holgada el centenar de internos. En ambas capitales, se debe a la necesidad de trasladar a los terroristas a la Audiencia Nacional o a los tribunales centrales de Francia por tener aún pendientes diferentes causas judiciales.
Desde 1988
La política de mantener diseminados a los presos etarras por diferentes centros penitenciarios comenzó a aplicarse en 1988, en la segunda legislatura de Felipe González. La decisión, consensuada con el PNV, buscaba un doble objetivo. Por un lado, rebajar la tensión en las prisiones donde permanecía el mayor número de miembros de la banda y evitar que se dieran situaciones similares a las de las cárceles norirlandesas, donde los terroristas mantenían continuos enfrentamientos con los funcionarios. Además, trataba de reducir el control de la cúpula etarra sobre los encarcelados y así favorecer su posible desvinculación de la banda y su ingreso en los programas de reinserción.
Todos los gobiernos desde entonces han mantenido esta política, sólo alterada, con ciertos matices, en momentos de tregua. Entre 1998 y 1999, el Gabinete Aznar acercó a más de 135 presos de ETA a prisiones cercanas a Euskadi y Navarra, en lo que se consideró el traslado de reclusos más importante en las dos últimas décadas. Desde entonces, ningún miembro de la banda en prisiones españolas cumple su sentencia fuera de la península.
La presión policial y las sucesivas caídas de comandos y dirigentes etarras han provocado una situación inédita en la historia de ETA. Los activistas con mayor historial delictivo se encuentran en prisión, mientras que los actuales jefes de la banda apenas tienen imputaciones.
El horizonte de los presos se ha complicado con los últimos cambios legales. El Código Penal aprobado en 1995 durante el Gobierno del PP endureció el cumplimiento de las condenas respecto a lo que se contemplaba en el anterior, fechado en 1973. La reforma eleva para los terroristas el plazo máximo de estancia en prisión hasta los 40 años, antes el tope estaba en tres décadas. Una modificación a la que hay que sumar la doctrina aprobada recientemente por el Tribunal Supremo al hilo del caso de Henri Parot, por la que la reducción de penas por buen comportamiento o por realizar estudios se descuenta del total de la sentencia y no del tiempo máximo de internamiento que prevé el Código Penal.
La interpretación de la ley efectuada por el Supremo, que obligará a revisar los casos de más de un centenar de reclusos de la banda, evitará que miembros de ETA con condenas de miles de años a sus espaldas no cumplan, en la práctica, más de 18 años de prisión. La cuestión ha saltado al primer plano justo en el momento en el que se aproxima la excarcelación de algunos de los terroristas con mayores condenas.
Las víctimas
Las víctimas del terrorismo se han convertido en un agente activo en relación con los presos. Desde las posiciones que defienden el cumplimiento íntegro de las condenas hasta las partidarias del diálogo, todas las asociaciones de damnificados por la violencia etarra mantienen la exigencia de la petición de perdón como condición previa para la concesión de eventuales beneficios penitenciarios. La ecuación de 'paz por presos' ha ido perdiendo apoyos en la opinión pública española, que se muestra más receptiva, según las encuestas, a las concesiones políticas.
Las asociaciones de familiares de presos aseguran que esta cuestión va a convertirse en «moneda de cambio» en una futura negociación entre el Gobierno y la banda, y recuerdan que Aznar ya señaló que el Ejecutivo español podría ser «generoso» con los presos si ETA abandona las armas de manera definitiva. El colectivo exige desde hace años el agrupamiento para evitar que los allegados realicen «miles de kilómetros» al año para visitar a sus reclusos. «Pedimos a los socialistas que acaben con este sufrimiento para los presos y sus familias», afirma Estanis Etxaburu, portavoz de Etxerat.
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